Todo tipo de deuda se debe pagar, pero en el Perú las cosas no funcionan de esa manera y, sobre todo, en el sector educación. Por este motivo, se sienten los pasos de una huelga nacional convocada para el 20 de Junio, liderado por el SUTEP que, dentro de los puntos del pliego de reclamos, exige el pago inmediato de la “deuda social”. La consigna de lucha sociopolítica sindical es “sin pago de la deuda la huelga continúa”, lo cual aumentaría la tasa de intereses de otra deuda nacional que ha sido silenciada por el tiempo: la deuda de los aprendizajes.
La génesis de la “deuda social” sucedió a inicios de la década de la antipolítica (Carlos Ivan Degregori) en el año 1990, cuando en el primer gobierno de Alan García se promulgó la Ley 24029 del Profesorado señalando en el Art 48: “el profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total”. Con el gobierno Fujimori no se cumplió con el pago a los profesores generándose una deuda que se incrementó en los últimos gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García. La deuda social se hizo histórica.
En el caso de la “deuda de los aprendizajes”, ésta se inició con la fundación de la República en el Perú. Según Alberto Flores Galindo una República sin Ciudadanos en donde la herencia colonial legitimó la jerarquía social. En la última Evaluación Censal de los Estudiantes (ECE) 2011 se mostró la reproducción histórica de las brechas sociales entre las zonas urbanas y rurales. Los indicadores mostraron que la “deuda de los aprendizajes” se incrementó de 29.7% a 30.5%, siendo los más perjudicados los/las estudiantes que viven en los poblados más alejados y pobres del país. Una deuda con la Promesa Peruana (Jorge Basadre) que es histórica y se encuentra pendiente de pago social.
Como podemos apreciar nos encontramos ante la encrucijada de la doble deuda educativa en el Perú. Una se relaciona con la otra. No se puede mirar la solución desde una de las posiciones porque la deuda continuaría incrementando los intereses sociales. Si volteamos el árbol de problemas nos encontramos con una oportunidad política para estructurar el nuevo pacto educativo que tenga como consigna el pago de ambas deudas históricas.
La pasión política que existe por la solución de la “deuda social” debe continuar produciendo sinergia con la “deuda de los aprendizajes”. Por tal motivo, el actual Gobierno reconoció la necesidad de pago de la primera deuda (presupuestado para el 2013) y, a la vez, el Ministerio de Educación está impulsando la Movilización Nacional por la Mejora de los Aprendizajes, convocando a todos los actores sociales, institucionales y políticos para que se involucren en acciones que permitan saldar con la “deuda de los aprendizajes”. Toda deuda se debe pagar para construir una República de Ciudadanos/as.
